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Introducción

La violencia de género es una problemática global que vulnera los derechos humanos fundamentales y afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. a violencia de género puede manifestarse de diversas formas, incluyendo daño físico, psicológico, económico, y sexual. González (2024), define la violencia de género como “una forma de agresión física o psicológica dirigida a cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación sexual, identidad de género o sexo” (p. 6). Esta definición resalta la amplitud y complejidad de la violencia de género, la cual no solo es un problema individual, sino que también refleja desigualdades y prejuicios profundamente arraigados en nuestra sociedad.

Históricamente, la lucha contra la violencia de género ha sido un proceso arduo y continuo. Desde el siglo XVIII, durante el Siglo de las Luces, cuando se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano excluyendo a las mujeres, hasta la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] (1979), se ha buscado reconocer y proteger los derechos de las mujeres. Aunque la CEDAW no aborda específicamente la violencia de género, sienta las bases para combatirla al exigir a los países miembros tomar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas, incluida la violencia basada en el género (Giraldo et al., 2023).

Las estructuras de poder dominadas principalmente por hombres generan un sesgo significativo en el manejo de la violencia que afecta a las mujeres (Stephen, 2018). A pesar de los cambios y procesos evolutivos en este ámbito, estas estructuras de poder han permanecido esencialmente machistas, heteronormativas y adulto-céntricas. Como resultado, la cultura patriarcal sigue prevaleciendo, lo que contribuye a la normalización de la violencia de género, especialmente en las áreas rurales (Song et al., 2021; Wood et al., 2021).

En Portoviejo, la situación de violencia de género es alarmante. Los datos recopilados del Servicio Integrado de Seguridad [ECU 911] y la Policía Nacional durante el período 2021-2022 revelan un incremento del 25% en las denuncias de violencia de género. Este aumento puede atribuirse a una mayor concienciación y disposición a denunciar por parte de las víctimas, así como a una posible escalada en la incidencia de violencia.

Este estudio se propone un análisis cuali-cuantitativo de los datos proporcionados por estas instituciones, identificando patrones y tendencias en la incidencia de violencia de género en Portoviejo. Además, se discutirá la relevancia de estos hallazgos en el contexto de las normativas nacionales e internacionales, subrayando la necesidad de políticas públicas efectivas para combatir esta problemática.

La relevancia de este estudio radica en la necesidad urgente de comprender y abordar la violencia de género en Portoviejo, no solo como un fenómeno local, sino como una manifestación de una problemática global que afecta los derechos humanos. A través de un enfoque basado en normativas internacionales y la realidad concreta de Portoviejo, este trabajo busca aportar a la concienciación social sobre la importancia de erradicar todas las formas de violencia de género.

El artículo se estructura en varias secciones clave. En primer lugar, se presenta una revisión de la literatura sobre la violencia de género y las normativas internacionales relevantes. A continuación, se describen los métodos empleados para el análisis de los datos recopilados en Portoviejo. La sección de resultados ofrece un análisis detallado de los patrones y tendencias identificados, seguido de una discusión que conecta estos hallazgos con el marco normativo internacional. Finalmente, se establecen las conclusiones.

1. Fundamentos Teóricos

Orozco et al., (2020) consideran fundamental hablar de violencia de género como un tópico de gran importancia y desarrollar investigaciones, específicamente a nivel de violencia intrafamiliar. La violencia de género es un problema social arraigado en un sistema de dominación masculina sobre las mujeres. Este sistema provoca daño físico, sexual o psicológico a través de acciones que generan sufrimiento (Ramírez et al., 2021). La ONU (1995) la define como cualquier acto de violencia basado en el género que resulta en, o es probable que resulte en, daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada (ONU, 1995). Esta definición destaca la amplitud y la diversidad de formas que puede tomar la violencia de género, que incluyen:

Violencia física: Cualquier acto que cause daño corporal o sufrimiento físico a la víctima.

Violencia psicológica: Comportamientos que causan daño emocional o mental, como el abuso verbal, la intimidación y el aislamiento.

Violencia sexual: Cualquier acto sexual no consentido, incluidos la violación y el abuso sexual.

Violencia económica: Control de los recursos financieros, limitando el acceso de la víctima a dinero, empleo o educación.

Históricamente, las mujeres han sido objeto de diversas formas de discriminación y violencia. Durante el siglo XVIII, en el contexto del Siglo de las Luces, se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano, excluyendo a las mujeres de estos derechos. Este acto institucionalizó una visión desigual del género, sentando las bases para la discriminación sistémica. Figuras como Olympe de Gouges, quien defendió los derechos de las mujeres, fueron pioneras en cuestionar estas estructuras de poder (González, 2024).

La violencia de género constituye una grave violación de los derechos humanos, afectando el derecho a la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de las víctimas (Amnistía Internacional, 2024). Esta violencia perpetúa la discriminación de género y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres, limitando el acceso de las mujeres a oportunidades y recursos. La violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene consecuencias negativas para sus familias y comunidades, perpetuando un ciclo de violencia y desigualdad.

1.1 Contexto ecuatoriano en la lucha contra la violencia de género

La lucha contra la violencia de género ha sido respaldada por diversos instrumentos y normativas internacionales que buscan proteger y promover los derechos de las mujeres. Entre estos instrumentos destacan la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, los cuales han establecido marcos legales que los Estados deben adoptar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Además, normativas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refuerzan la obligación de los gobiernos de garantizar la igualdad de género y la protección efectiva contra la violencia. Estas herramientas han influido en la formulación de políticas y leyes nacionales, como las adoptadas en países como Ecuador, destinadas a combatir la violencia de género y proteger a las víctimas.

En Argentina, Spaccarotella (2018) señala que se ha realizado un gran esfuerzo para incorporar la legislación internacional al ordenamiento interno, sancionando normas y aplicando políticas para la protección de las mujeres frente a la violencia. Sin embargo, persisten desafíos significativos, como la falta de concientización en varios entes gubernamentales de los tres poderes del Estado —nacional, provincial y local sobre la normativa existente y aplicable. Esta falta de concientización dificulta la comprensión y el abordaje adecuado de la violencia contra la mujer, así como la contención efectiva de las víctimas desde una perspectiva de género.

En Guatemala, la situación es aún más preocupante. A pesar de haber ratificado numerosos tratados internacionales, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en tasas de femicidio. Reyes (2022) subraya que la ausencia de aplicación efectiva de los convenios y leyes ratificados ha impedido la reducción de la violencia de género en el país. Esto plantea serias dudas sobre el compromiso real del Estado guatemalteco para erradicar la violencia contra la mujer y garantizar la protección de las víctimas.

Leonardi y Scafati (2019) coinciden en que, aunque se han logrado avances significativos en el ámbito internacional y local para combatir la violencia de género, la interpretación y aplicación de estas normativas sigue siendo un desafío. La complejidad de la violencia de género y los posibles sesgos de género en la justicia afectan la protección efectiva de las mujeres que se defienden de agresiones en contextos de violencia doméstica. A pesar de las claras obligaciones establecidas por normativas como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, su implementación práctica aún enfrenta obstáculos, especialmente en la consideración de la legítima defensa en situaciones de violencia de género.

Ecuador, por su parte, ha mostrado un firme compromiso con la promoción y protección de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra la mujer. El Estado ha firmado y ratificado todas las convenciones internacionales pertinentes, incluyendo la CEDAW en 1981 y la Convención de Belém do Pará en 1995. Según Vera (2020), Ecuador no solo ha cumplido con la presentación periódica de informes ante los comités internacionales, sino que también ha implementado formal y materialmente las recomendaciones de los órganos de derechos humanos y de las organizaciones de mujeres del país.

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (2018) y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) son ejemplos de los esfuerzos legislativos de Ecuador para abordar esta problemática. Estas leyes establecen mecanismos para la protección de las víctimas, sanciones para los agresores y programas de prevención, reflejando un compromiso con la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales.

La implementación de normativas internacionales ha sido crucial en el desarrollo y fortalecimiento de las políticas de Ecuador para combatir la violencia de género. Instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará han orientado al país a establecer marcos legales que no solo cumplen con los estándares internacionales, sino que también reflejan un compromiso con la protección de los derechos humanos. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres y las reformas al COIP demuestran cómo Ecuador ha adaptado y perfeccionado sus políticas para alinearse con las recomendaciones internacionales, asegurando así un enfoque más integral y efectivo en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Estas leyes no solo promueven un entorno más seguro para las mujeres, sino que también refuerzan el rol del Estado en la protección de los derechos humanos, siguiendo un modelo de cooperación internacional que enriquece y valida los esfuerzos nacionales en esta lucha crucial.

A pesar de estos avances, la efectividad de las iniciativas en Ecuador, como en otros países, depende de una implementación adecuada y de la coordinación entre las instituciones responsables. La lucha contra la violencia de género requiere un esfuerzo continuo y una firme voluntad política para garantizar que las normativas internacionales se traduzcan en protección real para las mujeres.

1.1.2 Legislación nacional: Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres

Por acción de la lucha de las mujeres, en los años ochenta en Ecuador se empieza a visibilizar la violencia como un problema de salud pública y se logra que tenga un tratamiento a nivel político. La visibilidad se acentuó más, cuando el Ecuador firma la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en julio de 1980 y la ratifica en noviembre del 1981. Más tarde, Ecuador se adhiere a la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Belém do Para (1995) y al suscribe la Plataforma de acción de Beijing (1995).

A partir de este contexto, surge en Ecuador en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional expide la siguiente: Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, una pieza legislativa crucial en la lucha contra la violencia de género en el país. Esta ley, también conocida como LOI, fue aprobada en 2018 y establece un marco legal integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en todas sus formas.

De acuerdo a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2018), se define a la violencia de género contra las mujeres como “cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado” (p.9).

A través de dicha ley se da atención prioritaria y especializada a las niñas y adolescentes, en el marco de lo dispuesto en la Constitución de la República e instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. El primer informe sobre el proyecto de Ley que se presentó a la Asamblea Nacional, por unanimidad, fue aprobado por la comisión especializada para el primer debate, este contenía, un punto que causó gran conmoción, en su artículo 15, numeral 3 se planteó la implementación de un Programa Nacional de Transversalización del Enfoque de Género en la malla curricular de todos los niveles del sistema de educación formal y no formal, intercultural y bilingüe (El Universo, 2017).

En la exposición de motivos de la mencionada Ley Orgánica se encuentra el hecho de que la violencia contra las mujeres afecta a todas las féminas del país y del mundo; además, que esta es una lucha histórica, pues la violencia de género se ejerce sobre ellas por el hecho de serlo. Se toma en consideración los antecedentes de esta temática y se menciona que la presente Ley tiene el carácter de Orgánica porque sus disposiciones prevalecerán sobre otras normas, estableciendo siete tipos de violencia como ya se expresó anteriormente (Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018).

1.1.3 Código Orgánico Integral Penal (COIP)

De forma adicional o complementaria en el Código Orgánico Integral Penal (2014) se establece que la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar constituye un delito. De acuerdo al COIP (2014), en el Art. 155 se denomina violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - “toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar” (p.50).

Además, el COIP en el artículo 156,157 y 158 define la violencia de género e incluye diferentes formas de violencia, como la violencia física, psicológica, sexual y económica. Por otra parte, en el artículo 78.1 establece los mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres.

En los casos de Art. 78.1: violencia de género contra las mujeres, las autoridades judiciales podrán disponer las siguientes medidas, no excluyentes, de reparación individual o colectiva:

1. Rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa y de las víctimas indirectas; y,

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (p.31).

Art. 558.1 se establece las medidas de protección contra la violencia a las mujeres: Los casos de violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las siguientes:

Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin de que la víctima tome sus pertenencias. La salida de la víctima será excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a la persona agresora, se compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella; y

Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas dependientes de ella.

Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y después del proceso penal, su ingreso al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, siempre que las condiciones así lo requieran (p.36).

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador desempeña un papel fundamental en la protección y defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en el país. Al establecer la violencia contra la mujer como un delito y definir ampliamente sus diversas formas, el COIP reconoce la gravedad y complejidad de este problema social. Además, al contemplar medidas de protección, reparación integral y acceso a la justicia, el código proporciona un marco legal sólido para abordar la violencia de género y garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas. La existencia y aplicación efectiva del COIP son de suma importancia para promover una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de violencia y discriminación.

1.1.4 Políticas y planes nacionales de acción

De acuerdo con ONU Mujeres (2015), la violencia de género es un problema de violación a los derechos humanos, pues afecta el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes e interrumpe su desarrollo integral en lo cognoscitivo, físico, emocional y psicológico. Además, pone en riesgo la vida, pues muchas mujeres terminan asesinadas luego de vivir años de violencia. Otras mujeres, niñas, niños y adolescentes, en cambio, atentan contra su propia vida.

Ecuador ha puesto en marcha diversas políticas y planes nacionales de acción orientados a combatir la violencia de género y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Estas iniciativas reflejan el compromiso tanto del Estado como de la sociedad ecuatoriana con la prevención y erradicación de la violencia basada en el género. Entre las más relevantes se encuentran:

• Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres: establece estrategias y acciones concretas para prevenir y eliminar la violencia de género en todas sus expresiones. Contempla medidas de sensibilización, prevención, atención integral a las víctimas y sanción judicial a los agresores. Su implementación busca garantizar a mujeres, niñas, niños y adolescentes condiciones de seguridad, paz, bienestar y oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida, contribuyendo además al fortalecimiento del desarrollo social y económico del país y al ejercicio de una ciudadanía plena y democrática (ONU Mujeres, 2015).
• Agenda Nacional para la Igualdad de Género: orientada a promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Sus principales ejes incluyen la eliminación de la discriminación de género, la promoción de la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones, así como el acceso igualitario al goce de derechos y oportunidades.

De acuerdo al Consejo Nacional para la igualdad de género (2022), la Política Pública de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: busca garantizar el respeto y la protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en Ecuador, incluyendo medidas para prevenir la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Estas políticas y planes nacionales de acción reflejan el compromiso de Ecuador en la promoción de la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad frente a la violencia basada en el género. Sin embargo, su efectividad depende de su implementación adecuada y del compromiso continuo del gobierno y la sociedad en su aplicación

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos con el objetivo de analizar la incidencia de la violencia de género en la ciudad de Portoviejo durante el período 2021-2022. En el componente cuantitativo, se recopilaron datos estadísticos proporcionados por la Policía Nacional del Ecuador y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, los cuales fueron sistematizados y organizados mediante tablas y gráficos. Estos registros permitieron identificar el volumen, la frecuencia y la evolución de los casos reportados en el lapso señalado. En el componente cualitativo, se realizó un análisis documental y comparativo, revisando normas internacionales en materia de derechos humanos, particularmente aquellas que abordan la violencia de género, así como estudios académicos relevantes. Esta revisión permitió contextualizar los datos empíricos dentro del marco legal y doctrinario, y establecer relaciones entre las cifras obtenidas y las políticas públicas vigentes. El análisis de la información se orientó a identificar patrones y tendencias en la ocurrencia de hechos de violencia, evaluar la eficacia de los mecanismos institucionales de atención y respuesta, y generar reflexiones en torno a la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención. La triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos aportó una visión integral del fenómeno, permitiendo extraer conclusiones sólidas y sustentadas para la formulación de propuestas de mejora en el abordaje de la violencia de género en el contexto local.

Discusión

Los datos reflejan un aumento significativo en el número de denuncias recibidas por la Policía Nacional y el ECU 911 en Portoviejo entre 2021 y 2022, lo que sugiere una mayor incidencia de delitos de violencia de género y una mayor efectividad en los canales de denuncia, impulsada por una creciente concienciación ciudadana sobre la importancia de reportar estos actos. Según Moreira-Pinargote et al. (2022), “las denuncias sobre violencia dentro del entorno familiar por motivos de género se reportan, en su mayoría, a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911” (p. 12), subrayando el papel crucial de estos servicios en la recolección de datos sobre violencia de género.

En términos de tipos de violencia, los resultados muestran que la violencia física, psicológica y la intrafamiliar prevalecen. La violencia física se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, con pequeñas fluctuaciones mensuales que podrían estar influenciadas por factores contextuales específicos, como eventos sociales, campañas de prevención o la capacidad de respuesta de las autoridades. Globalmente, se estima que 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la pareja al menos una vez en su vida (ONU Mujeres, 2023).

El aumento del 30.8% en los casos de violencia psicológica es significativo y puede estar relacionado con una mayor visibilidad y reconocimiento de este tipo de violencia. Este cambio sugiere un avance en la conciencia pública y una mayor confianza hacia las instituciones encargadas de recibir estas denuncias. Según Moreira et al. (2022), las principales causas de la violencia de género incluyen problemas económicos, familiares y sentimentales. Daniela Saltos, Directora General (E) del ECU 911, reporta que, a nivel nacional, se han coordinado 84.958 reportes de violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar, con un 58% de agresiones psicológicas, 29% de violencia intrafamiliar, 13% de violencia física y 0% de violencia sexual (ECU 911, 2022).

El incremento de la violencia intrafamiliar evidencia el impacto prolongado de la pandemia y sus efectos en la dinámica familiar, lo que subraya la necesidad de diseñar políticas de intervención específicas. La pandemia de COVID-19, desarrollada en un contexto marcado por profundas desigualdades de género, intensificó los factores de riesgo asociados a la violencia de género al acrecentar el aislamiento y las dificultades para acceder a apoyo y presentar denuncias (Lorente Acosta, 2020). En este escenario, y pese a los avances alcanzados por el movimiento feminista, la violencia de género persiste como un problema social estructural, sostenido por concepciones erróneas de la superioridad masculina y de la sumisión femenina, que en ciertos casos se traducen en manifestaciones violentas (Naranjo, 2021).

Los datos y la evolución normativa reflejan un panorama donde, a pesar de los esfuerzos internacionales y locales para combatir la violencia de género, la prevalencia de diferentes formas de violencia sigue siendo un desafío significativo. La evolución normativa internacional, como se muestra en la Tabla 3, evidencia un creciente reconocimiento y acción global, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención de Belém do Pará, con una tendencia hacia la implementación de medidas más concretas y obligatorias para erradicar la violencia de género.

Sin embargo, según Nelaeva (2021), a pesar de este avance normativo y la creciente atención de organizaciones intergubernamentales y tribunales internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, los países del sur global enfrentan importantes retos en la aplicación de estas políticas. Estos incluyen la persistencia de la violencia entre parejas, bajas tasas de denuncia, barreras culturales, deficiencias en educación, salud y acceso a la justicia, agravados por la corrupción en el sistema judicial (Sudderth, 2020). Así, aunque el marco normativo internacional ha avanzado, la implementación efectiva de políticas públicas a nivel local sigue siendo un obstáculo clave para la erradicación de la violencia de género.

Resultados

Tabla 1. Número de denuncias recibidas por la Policía Nacional (2021-2022)

Año	Policía Nacional	Ecu 911
2021	6,845	938
2022	8,523	1,213

Fuente: Datos tomados de las estadísticas de la Policía Nacional y Ecu 911 de Portoviejo (2021-2022).

La tabla 1 muestra un aumento significativo en las denuncias recibidas por la Policía Nacional y el ECU 911 en Portoviejo entre 2021 y 2022. La Policía Nacional registró un incremento del 24.5%, pasando de 6,845 denuncias en 2021 a 8,523 en 2022, mientras que el ECU 911 experimentó un aumento del 29.3%, con 938 denuncias en 2021 y 1,213 en 2022. Este crecimiento puede reflejar tanto un incremento en la incidencia de delitos como una mayor efectividad en los canales de denuncia y una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de reportar estos hechos.

La tabla 2 muestra variaciones en los tipos de violencia reportada al ECU 911 en Portoviejo durante 2021 y 2022. La violencia física, aunque se mantuvo relativamente estable entre ambos años, con 263 casos en 2021 y 260 en 2022, presenta fluctuaciones mensuales. Algunos meses muestran una reducción significativa (como febrero y agosto), mientras que otros como abril y mayo, indican un incremento. Estos cambios podrían estar influenciados por factores contextuales específicos de cada mes, como campañas de sensibilización o eventos sociales que afectan la prevalencia o el reporte de este tipo de violencia.

La violencia psicológica, por otro lado, muestra un aumento considerable, pasando de 558 casos en 2021 a 730 en 2022. Este incremento del 30.8% es el más pronunciado entre todos los tipos de violencia analizados. La creciente atención y conciencia social sobre los impactos de la violencia psicológica podrían haber llevado a un mayor número de denuncias. Este aumento puede reflejar un reconocimiento más amplio de este tipo de violencia como un problema grave, lo que ha impulsado a más víctimas a buscar ayuda.

Tabla 2. Tipos de violencia reportada por ECU 911 (2021-2022)

Mes	Violencia Física (2021)	Violencia Física (2022)	Violencia Psicológica (2021)	Violencia Psicológica (2022)	Violencia Sexual (2021)	Violencia Sexual (2022)	Violencia Intrafamiliar (2021)	Violencia Intrafamiliar (2022)	Total (2021)	Total (2022)
Enero	23	21	31	47	-	-	8	14	62	82
Febrero	40	11	59	72	-	-	14	22	113	105
Marzo	24	17	19	63	-	-	5	19	48	99
Abril	25	28	61	82	-	-	10	23	96	133
Mayo	22	33	62	74	-	-	12	21	96	128
Junio	19	20	47	59	-	-	8	29	74	108
Julio	21	30	41	51	-	-	13	11	75	92
Agosto	25	11	39	47	1	2	10	24	75	84
Septiembre	21	22	45	46	-	-	11	10	77	78
Octubre	16	23	57	64	-	-	8	7	81	94
Noviembre	11	23	55	52	-	-	7	19	73	94
Diciembre	16	21	42	73	-	-	10	22	68	116
Total	263	260	558	730	1	2	116	221	938	1213

Fuente: Datos tomados de las estadísticas del Ecu 911 de Portoviejo (2021-2022).

Finalmente, la violencia intrafamiliar también mostró un incremento notable, con 116 casos reportados en 2021 y un aumento hasta 211 en 2022. Este crecimiento sugiere un contexto en el que la violencia dentro del hogar sigue siendo un problema persistente, exacerbado posiblemente por factores como el confinamiento por la pandemia y las tensiones económicas. Aunque los casos de violencia sexual son bajos y solo reportados en 2022, su presencia destaca la necesidad de atención a todos los tipos de violencia, independientemente de su frecuencia. El total de casos reportados refleja un aumento general del 16.8% de 2021 a 2022, lo que resalta la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante estas formas de violencia.

Tabla 3. Aplicación de normativa internacional en el marco de la violencia de género

Normativa Internacional	Año	Descripción	Impacto/Implicaciones
Declaración Universal de los Derechos Humanos	1948	Establece la igualdad y la no discriminación como principios fundamentales.	Proporciona una base legal para la igualdad de género, aunque inicialmente no aborda específicamente la violencia de género.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)	1979	Obliga a los Estados miembros a tomar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas.	Establece un marco legal para combatir la discriminación de género, sentando las bases para la protección contra la violencia de género (Giraldo et al., 2023).
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	1993	Reconoce la violencia de género como una violación de los derechos humanos y un obstáculo para la igualdad de género.	Proporciona un reconocimiento explícito de la violencia de género como una violación de derechos humanos, promoviendo la adopción de medidas específicas para su erradicación.
Normativa Internacional	Año	Descripción	Impacto/Implicaciones
Convención de Belém do Pará	1994	Primer tratado internacional en América Latina y el Caribe que aborda específicamente la violencia contra la mujer, obligando a los Estados parte a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.	Establece obligaciones claras para los Estados parte, promoviendo la adopción de legislaciones y políticas públicas orientadas a prevenir y combatir la violencia de género en la región.
Conferencia de Beijing	1995	Define un plan de acción global para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.	Refuerza el compromiso internacional con la igualdad de género, incluyendo la prevención y erradicación de la violencia de género como uno de sus objetivos clave.

Fuente: Elaboración propia a partir de las normativas

La tabla presenta una evolución significativa en la normativa internacional relacionada con la igualdad de género y la violencia contra la mujer, reflejando un creciente reconocimiento y respuesta a estas problemáticas a lo largo de las décadas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) marca el punto de partida, estableciendo principios fundamentales de igualdad y no discriminación, aunque en sus inicios no abordó de manera explícita la violencia de género.

La CEDAW de 1979 representa un avance crucial, al obligar a los Estados miembros a tomar medidas para eliminar la discriminación de género en todas las esferas de la vida. Esta convención sentó las bases para la protección contra la violencia de género, aunque se centró más en la igualdad de oportunidades que en la violencia en sí. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) complementa y amplía estos marcos, reconociendo explícitamente la violencia de género como una violación de derechos humanos y un obstáculo significativo para la igualdad de género, promoviendo la adopción de medidas concretas para su erradicación.

La Convención de Belém do Pará de 1994 y la Conferencia de Beijing de 1995 marcan hitos en la lucha contra la violencia de género en América Latina y a nivel global, respectivamente. La Convención de Belém do Pará es el primer tratado en la región que aborda específicamente la violencia contra la mujer, estableciendo obligaciones claras para los Estados parte en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de este tipo de violencia.

Conclusiones

La violencia de género es una realidad que afecta a mujeres y niñas en todo el mundo, y Portoviejo no es la excepción. El aumento en las denuncias de estos casos puede interpretarse tanto como un reflejo de un incremento en la incidencia de la violencia de género, como una señal de la mejora en la efectividad de los canales de denuncia y de una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de reportar estos actos.

Durante el período 2021-2022, los casos más reportados de violencia en Portoviejo fueron la violencia física, psicológica e intrafamiliar. Los resultados reflejan una creciente conciencia y visibilidad sobre la violencia psicológica, en un contexto de violencia intrafamiliar que sigue siendo persistente y posiblemente exacerbado por factores como el confinamiento durante la pandemia.

Sin embargo, aunque el número de denuncias ha aumentado, el sistema de justicia continúa siendo lento, lo que a menudo lleva a las víctimas a abandonar el proceso judicial. Este problema se agrava por el temor de las víctimas a denunciar, ya sea por posibles amenazas de sus agresores o por el miedo al proceso judicial y al estigma social que conlleva. Este escenario subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las estrategias de implementación efectiva a nivel local, apoyadas en un marco normativo internacional que promueve la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.

La evolución normativa internacional, demuestra un progreso significativo en el reconocimiento y la respuesta a la violencia de género. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Convención de Belém do Pará, se observa un creciente compromiso global con la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, a pesar de estos avances, la violencia de género sigue siendo un desafío importante, como lo evidencian los datos y las tendencias observadas en el estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Referencias bibliográficas

Amnistía Internacional. (2024). ¡Los derechos de las mujeres son derechos humanos! https://n9.cl/mzi0g

Asamblea Nacional del Ecuador. (2014, 21 de mayo). Código Orgánico Integral Penal (COIP). https://n9.cl/qr0gs

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Marianella Lilibeth Chevez Macías : Conceptualización, Investigación, Análisis formal, Metodología, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.